IMPUESTO PROGRESIVO AL CAPITAL ¿Estrategia de política fiscal tendencialmente igualitaria o intervencionismo estatal encubiertamente confiscatorio?

En nuestro país, existe un modelo instaurado en función del cual las leyes que crean tributos gravan en forma general a todo patrimonio o ingreso, si bien se establecen tasas diferenciales en función de su magnitud el impuesto ha pretendido englobar a la totalidad de la sociedad bajo la premisa de que ello sería más ventajoso que dejar fuera de su ámbito de aplicación a patrimonios más modestos o medios . Pero ello nos lleva a preguntarnos ¿más ventajoso para quien o en función de qué? ¿Acaso constituye una lectura realmente acertada de este principio si concebimos que la igualdad debe hacer menos “ricos” a los “ricos” pero a su vez sin dejar de hacer menos “pobres” a los “pobres” (pues tanto uno como otros quedarían comprendidos en toda estructura tributaria)? Con el fin de ofrecer una investigación que trascienda el análisis dogmático tradicional, este Proyecto se propone conocer y a partir de ello analizar los argumentos de corte factico – jurídico o incluso ético – políticos que serían invocados por organizaciones institucionalmente posicionadas (y por ello con un cierto grado de aceptación social) respecto a la instauración en Uruguay de un Impuesto al capital de corte progresivo y selectivo. Orientamos pues nuestra hipótesis de trabajo en una dirección puntual: analizar el alcance de los discursos no dogmáticos (o no producidos en instancias dogmáticas ) respecto a posibles “problemas jurídicos” que una propuesta fiscal determinada pueda provocar en Uruguay. En un escenario de hipotética aplicación de un impuesto de estas características en Uruguay y con la aspiración de responder a las siguientes interrogantes principales: ¿Los actores representativos de un discurso político – social aceptarían como factible en Uruguay y en el S. XXI un impuesto al capital de tipo progresivo? ¿Una política fiscal de estas dimensiones puede calificarse de "necesaria" o "eficaz"?; ¿La transparencia financiera y la neutralidad constituyen un postulado suficiente para crear e “imponer” nuevos impuesto y lograr su aceptabilidad social? ¿Cuál es la calidad de los argumentos proporcionados por los grupos entrevistados en el plano del discurso jurídico? ¿Un Impuesto así planteado contribuiría realmente a reducir la desigualdad entre las categorías de personas que constituyen una sociedad? Lo mencionado nos lleva entonces a cuestionarnos si en el S. XXI y en Uruguay resulta suficiente con meramente repensar el modelo fiscal de Impuestos progresivos limitado a los ingresos o resulta necesario dar un paso más.