Abordaje crítico de las doctrinas del abuso, la buena fe y la operación económica en el derecho civil uruguayo

Indudable es que el Código Civil uruguayo responde a una ideología liberal, con fuerte arraigo histórico y normativo al Código Civil Napoleónico resultante de la revolución francesa, guiado por tres principios fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad. Así, la libertad se refleja en el dogma de la autonomía de la voluntad, imprescindible para que los sujetos desarrollen sus intereses en una economía guiada por las leyes del mercado. Por su parte, la igualdad es vista desde un punto de vista formal, es decir, no sustancial, en el cual los sujetos son iguales ante la ley, pero no se abunda en un análisis profundo de las características de estos, que puede derivar en desigualdades de hecho. Por último, la fraternidad se trasluce en la buena fe que juega un rol marginal. Este régimen del Código Civil se aplicó generalmente hasta el año 2000, en el cual, en derecho uruguayo aparece la ley de relaciones de consumo, y por lo tanto, un cambio de tono en la aplicación del Derecho Contractual a los contratos no-paritarios. Esto provocó un cambio en la interpretación de los contratos, y posibilitó la entrada de categorías jurídicas innovadoras, que centraban su atención al vulnerable. Recientemente, la doctrina civilista uruguaya ha extraído de la doctrina italiana una categoría jurídica denominada operación económica, la cual implica (según ellos) un avance racionalizador en la interpretación de los contratos, y más puntualmente en aquellos contratos coligados, que conforman una relación contractual compleja. En este marco es que se inserta este proyecto, tomando como punto de partida el análisis de una sentencia controvertida en la cual se utilizan las categorías jurídicas de la buena fe, el abuso de derecho y la operación económica, para interpretar una relación contractual entre dos partes. El análisis tendrá distintas aristas, como forma de alcanzar un cabal estudio del caso, y con el fin de enmarcarlo en sus justos términos, verificando su consistencia y las consecuencias que puede atraer la interpretación a través de estas categorías. Primero, un enfoque formal de la sentencia, el cual se centrará en determinar su legalidad. En segundo lugar, un enfoque sustancial, pretendiendo abarcar los fundamentos teóricos en los que está basada. Tercero, un enfoque real del tema, que permitirá dilucidar el fondo político de la cuestión. Por último, un enfoque semántico, que procure detectar las técnicas discursivas, retóricas y argumentos con excesiva carga moral y política utilizados por los jueces uruguayos en este caso y otros similares a determinar durante la investigación.